Por Amy Goodman
Las muertes violentas de Brian Terry y Juan Francisco Sicilia, con apenas meses de diferencia, en la cada vez más peligrosa frontera entre México y Estados Unidos, provocaron el inicio de una revisión tardía de la llamada “Guerra contra las drogas” y un cuestionamiento del modo en el que el gobierno de Estados Unidos está, en definitiva, empeorando el problema.
La noche del 14 de diciembre de 2010, el agente Brian Terry se encontraba en el desierto de Arizona, patrullando como parte de la Unidad Táctica del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (BORTAC, por sus siglas en inglés), una fuerza policial altamente entrenada y armada, descrita como la fuerza paramilitar de élite de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Esa noche el grupo participó en un tiroteo, en el que Terry murió. A pesar de que su muerte podría haberse convertido tan solo en otro acto violento asociado con el tráfico de drogas en la frontera, un detalle provocó que diera lugar a un fuerte enfrentamiento entre el gobierno de Obama y el Congreso de Estados Unidos: las armas halladas en la escena del crimen, fusiles AK-47, fueron probablemente vendidas a delincuentes mexicanos en el marco de una operación encubierta de la Agencia Estadounidense de Control del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
Conocido con el nombre de “Operación Rápido y Furioso”, el programa secreto tenía como finalidad rastrear armas vendidas en Estados Unidos a supuestos intermediarios, personas que compran armas a nombre de otros. La operación de la ATF permitió que las armerías vendieran gran cantidad de armas a intermediarios que la ATF sospechaba compraban para cárteles de drogas mexicanos. En lugar de arrestar al intermediario, considerado por la ATF como un criminal relativamente menor, rastreaban las armas que ingresaban a México permitiría a la ATF arrestar a los cabecillas de los cárteles criminales. Al menos, ese era el plan.
Según el informe del Centro para la Integridad Pública, en el marco del programa “Rápido y Furioso” se vendieron al menos 1.756 armas. Alrededor de 300 fueron vendidas antes de que comenzara la operación. De esas más de 2.000 armas, tan solo 800 fueron recuperadas. Dos de las armas recuperadas fueron halladas en la escena del asesinato de Terry, en una región conocida como Peck Canyon, en la parte estadounidense de la frontera entre Nogales, México, y Tucson, Arizona.
El agente especial John Dodson de la ATF fue uno de los tantos agentes de campo que le dijo a sus superiores que la operación encubierta era imprudente. Sus preocupaciones no fueron atendidas y la operación continuó. Luego del asesinato de Terry, Dodson denunció la operación en primer lugar al Departamento de Justicia, luego al Senador republicano Charles Grassley. Grassley le pidió explicaciones al Fiscal General Eric Holder y ahora el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes —presidido por el representante republicano Darrell Issa— está llevando a cabo una serie de audiencias sobre el caso.
Al sur de la frontera, Juan Sicilia y otros seis jóvenes fueron brutalmente asesinados en marzo de este año, apenas otras siete víctimas inocentes de la arrasadora violencia que está padeciendo México y que ya se ha cobrado las vidas de 35.000 personas desde diciembre de 2006, cuando el Presidente mexicano Felipe Calderón comenzó su ofensiva contra los cárteles de droga. Javier Sicilia, el padre de Sicilia, es un reconocido poeta e intelectual mexicano. Poco después del asesinato de su hijo, Sicilia escribió su último poema, dedicado a él. Ahora está comprometido con la lucha contra la violencia y el derramamiento de sangre en su país. Encabezó una manifestación en mayo desde Cuernavaca, su ciudad natal, hasta la famosa plaza del Zócalo en Ciudad de México, en la que participaron 200.000 personas. El fin de semana pasado, encabezó otra marcha hacia la frontera, y luego hasta El Paso, Texas.
Sicilia está en contra de los cárteles, por supuesto. Pero también culpa a Calderón y a Estados Unidos. Pide que se ponga fin a la “Iniciativa Mérida”, a través de la cual Estados Unidos proporciona armas y entrenamiento a las fuerzas militares mexicanas para la lucha contra el narcotráfico. Sicilia también pide la legalización de las drogas, una petición en la que es acompañado sorprendentemente por el ex presidente mexicano conservador, Vicente Fox y cada vez más por el propio Calderón.
El Presidente Calderón viajará a Estados Unidos esta semana. Recientemente cuestionó a la industria armamentista estadounidense por lucrar con la venta de armas que terminan en México. También criticó el levantamiento de la prohibición de las armas de asalto en Estados Unidos, lo que provocó un gran aumento de la violencia con armas en México.
Un nuevo informe publicado por tres senadores demócratas de Estados Unidos establece que aproximadamente el 70 por ciento de las armas incautadas en México entre 2009 y 2010 provinieron de Estados Unidos. De las casi 30.000 armas incautadas en México durante ese período, más de 20.000 provinieron de Estados Unidos.
Si algo debería ser rápido y furioso en Estados Unidos es el impulso de políticas sensatas y prudentes sobre control de armas y drogas. Quizá cuando eso suceda, Javier Sicilia vuelva a escribir poesía.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2011 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 600 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 300 en español. Es co-autora del libro «Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos», editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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