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El Congreso avanzó en la democratización de la Justicia.

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Congreso_ReformaJusiticia2013_TELAM_011 FOTO:TÉLAM

Por Daniel do Campo Spada.

En medio de escándalos (y hasta un sabotaje al momento de la votación de un artículo que habrá que investigar) generados por la oposición, las amenazas de “ONGs” derechistas, carpas semivacías, show mdiático organizado por un periodista que cobra por ello $ 300.000 mensuales (Jorge Lanata incluso habría recibido el regalo de Magnetto consistente en un piso en la Avenida Libertador valuado en más de u$s 1,5 millón) y políticos beneficiados por un Poder Judicial que eterniza causas hasta su prescripción, la Cámara de Diputados dió una media sanción casi definitiva (ya que solo se revisarán algunos artículos en su retorno al Senado) a la reforma del Consejo de la Magistratura (organismo que elije a los jueces) y convirtió en Ley la creación de nuevos Tribunales de Casasción y una regulación definitiva a las medidas cautelares (de las que se valen las corporaciones como es el caso del oligopolio Clarín que no cumple la Ley de Medios desde hace cuatro años).
Por 130 votos contra 123, el oficialista Frente para la Victoria junto a Nuevo Encuentro, el Movimiento Popular Neuquino y otras bancadas provinciales aprobó modificaciones en el Consejo de la Magistratura que consisten en ampliar sus miembros, diversificando el origen (ya no serán exclusivamente abogados elegidos entre ellos) y sometidos a elección ciudadana. De esa manera se busca cortar la corrupción de la denominada “familia judicial” a la que solo ingresan amigos de amigos, masones, ex empleados de corporaciones o ligados a la Iglesia católica romana.
Ante el reclamo de la oposición, el Presidente del bloque gubernamental Agustín Rossi aceptó que luego de aprobar la ley se votara artículo por artículo ante la presunción de que no todos tenían la cantidad de votos necesarios. Allí llegó el momento esperado por la derecha que a todas luces huele a sabotaje. Al momento de votar el Artículo 2, el sistema no reconoce a dos diputados que en forma inmediata y a viva voz gritaron su apoyo que el mecanismo electrónico no estaba registrando. Ese es un error frecuente que esta vez no parece casual. Cuando el marcador dio 128, sabiendo que el mínimo es 129 sufragios, los derechistas se pararon en sus bancas y comenzaron a gritar para que no se escuchara la explicación que intentaba dar el Presidente de la Cámara Julián Domínguez de los dos votos cantados mientras la diputada Garciela Camaño (menemista) intentaba arrebatarle el micrófono. Incluso el diputado menemista Sergio Panza le arrojó una botella de agua a Rossi. Los diputados que sufrieron este problema fueron Juan Carlos Folconi (FPV de Santa Fé) y Alicia Comelli (del Movimiento Popular Neuquino). Esta última, había sufrido amenazas en los días previos para que votara en contra del proyecto por lo que las suspicacias de sabotaje adquieren dimensión.
En la exposición que el dirigente del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) Fernando Straface, ligado al PRO la diputada Comelli le dijo delante de todos que habían difundido su número de teléfono en el que solo recibió amenazas y consignas políticas pero ninguna razón jurídica para oponerse1. A traves del sitio Change.org, doce diputados nacionales (los mencionados Comelli y Folconi, Facundo Moyano, Omas Plaini, Alfredo Olmedo, Jorge Garramuño, Mariana Veaute, Cristina Fiore Viñuales, Walter Mayar, Eduardo Ibarra, José Brillo y Julio Ledesma). Organizaciones ligadas al PRO y sostenidas por “donaciones” de las principales megacorporaciones tales como ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), ADC (Asociación por los Derechos Civiles), Directorio Legislativo y Poder Ciudadano incitaron a convencidos y desprevenidos para boicotear la necesaria democratización del Poder Judicial.
El apoyo que el oficialismo recibió de la Corte Suprema de Justicia, que propuso algunos cambios en los seis proyectos que fueron atendidos por el bloque peronista, fue denunciado por Elisa Carrió (a punto de terminar su período parlamentario y sin chances de renovarlo) como un contubernio. La misma diputada chaqueña fue acusada de cómplice por Macri cuando tras el escándalo de la votación del Artículo 2 todos los derechistas se levantaron y solo quedaron ella y Jorge Yoma (pos menemista).
Aún después de marcharse la oposición del recinto, los diputados convirtieron en Ley la creación de nuevos Tribunales de Casación (126 votos a favor contra 8 en contra), de los cuales uno estará dedicado al ámbito laboral, con todos los beneficios que ello implica para los juicios de los trabajadores contra las empresas. Muchos empleados no se someten a reclamos justos porque las demoras los dejan fuera del ámbito laboral durante años sin posibilidad de reinsertarse en otro trabajo. Esta irregularidad por saturación determina que muchos optan por dejar pasar las injusticias a las que habitualmente recurren los empresarios.
Para cerrar, cerca de las 9 de la mañana de una sesión que había comenzado el dia anterior, se dio sanción definitiva a la regulación de las cautelares, medida de la que abusan las corporaciones para no cumplir con lo estipulado. Basta remitirnos a los diez años que el diario La Nación tiene a su favor para no cumplir obligaciones fiscales, los cuatro que el oligopolio Clarín bloque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y así sucesivamente en una lista que incluye a cientos de empresas de todos los sectores del mercado.
Aunque aún faltan otros tres proyectos enviados oportunamente por la Presidenta Cristina Fernández, el Congreso ha dado un pequeño gran paso para avanzar en la Democratización de la Justicia, aunque seguramente el actual poder tribunalicio apelará, una vez más, a cautelares y pedidos de inconstitucionalidad. La democracia ganó una gran batalla, pero la derecha aún dará guerra en su contra.

do Campo Spada, 2013 (C)
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ABRIL 2013-04-26
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Los abogados no quieren el proyecto opositor respecto al Consejo de la Magistratura.

BUENOS AIRES.- El bloque opositor del Congreso, autodenominado “Grupo A” en el que conviven partidos de centro y extrema derecha, intenta modificar el Consejo de la Magistratura para dejar en posición de impotencia al oficialismo. Mas allá de los intentos de conducir el poder en favor de los resultados del último comicio, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió el siguiente comunicado:

“Buenos Aires, 24 de junio de 2010

Colegio Público de Abogados rechaza proyecto de reforma del Consejo

El Presidente de la entidad, Dr. Eugenio Cozzi, solicitó mediante una carta a los legisladores que no acompañen con su voto la iniciativa de la oposición. Reclamó que se analice en profundidad el proyecto que presentó la institución.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal mediante una nota que fue enviada al Congreso de la Nación rechazó el proyecto opositor de reforma del Consejo de la Magistratura y pidió por carta a los legisladores que no lo acompañen en la votación que se realizará en el recinto.

En el documento que lleva la firma del actual presidente del Colegio, Dr. Eugenio Cozzi, se exhortó a los diputados y senadores a “rechazar este dictamen y a que analicen con atención y profundidad el proyecto de reforma que les fuera remitido a cada uno por este Colegio Público, que es el más equilibrado y compone y contempla todas las posiciones”.

Cozzi centró sus críticas en que el proyecto que la oposición se apresta a aprobar significa “un retroceso que lesionaría gravemente la función del organismo y el espíritu con el que fue introducido” mediante la reforma de 1994. Pero también rechazó el proyecto de minoría, presentado por el oficialismo, porque “no se ajusta a las necesidades y realidad del Poder Judicial”, no obstante lo cual es respetuoso de la incumbencia y legitimidad del Colegio Público”.

Asimismo, opinó que la iniciativa de la mayoría “vuelve a depositar en exclusividad su presidencia en el presidente de la Corte Suprema, restableciendo una situación de desigualdad que atenta contra la imprescindible objetividad e imparcialidad con que debe ser encarada la administración, control y juzgamiento de la actividad judicial”. Al respecto, Cozzi, indicó que en el proyecto que elaboró el Colegio la presidencia sería rotatoria entre todos los estamentos que lo componen.

Cozzi, también, criticó la integración parlamentaria del Consejo: “con la participación de legisladores se verifica un desequilibrio anti-republicano, atento que los legisladores que componen el Consejo forman parte al mismo tiempo del judicial y el legislativo, convirtiendo al principio de división de poderes en un sofisma. Igual situación observa el Poder Ejecutivo”. En esa línea, reclamó que los integrantes del Consejo deben ser “representantes” del Ejecutivo y el Legislativo, pero no necesariamente funcionarios o legisladores.

En tanto, aseveró que “el proyecto incurre en una grosera discriminación con relación a los miembros abogados que integran el Consejo y, en particular, respecto de este Colegio Público, situación que no será consentida en absoluto y a la que se dará pelea en los frentes que sean necesarios”.
Pero el aspecto más repudiable y preocupante, según Cozzi se centra en “la incomprensible delegación de tutelar la administración de los padrones y organizar las elecciones de los abogados de la matrícula federal a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA,) entidad civil de composición meramente voluntaria de la que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal NO forma parte en el entendimiento de que no representa los intereses de la abogacía activa”.

Para el titular del Colegio, “se pretende, inexplicablemente, entregar a una mera sociedad espacio para el cual carece de legitimación. De esta forma se discrimina aviesamente a la única institución que por ley del Congreso Nacional aglutina a la matrícula de abogados más grande del País (106.000 integrantes) y una de las más importantes de América”, denunció”.

do Campo Spada © 2010
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MAYO 2010-06-26
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