MÉXICO DF, Junio 2015 (Misión Verdad | http://misionverdad.com) -La economía de México desde los años 80 ha venido sufriendo un acelerado proceso de privatizaciones. Lo que comenzó como una treta discursiva para supuestamente paliar la crisis provocada por la enorme deuda externa adquirió características de sistema económico, donde la depredación productiva, enérgetica y fiscal son claves fundamentales para entender el plan político (norteamericano) detrás del asalto a la nación mexicana.
Manos arriba
El proceso de privatizaciones en México comienza oficialmente con el gobierno de Miguel de la Madrid en el año 1982. La decisión política que dio inicio a la primera fase (1984-1988) estaba directamente relacionada a la disminución de la deuda externa contraída por las empresas públicas de México con el FMI y el Banco Mundial.
El Estado dio rienda suelta al endeudamiento del país durante la década del 70 mediante la presión política que ejercía el capital extranjero (norteamericano en su gran mayoría) por ir acoplando a México como una sucursal dependiente del adelanto tecnológico, productivo y económico que se daba en ese lado del charco.
No fue un proceso natural y objetivo como dicen los economistas, sino más bien la consumación del paso previo para generar la atmósfera privatizadora. Endeudamiento excesivo para después presionar la venta de las empresas estatales a bajísimos precios: el final feliz del engranaje económico transnacional en el cual el Estado mexicano está obligado a desaparecer.
Primera etapa
El Estado mexicano hasta el año 1984 tenía una poderosa incidencia sobre el espectro económico de la nación. Pero su papel de chaperón tenía los días contados.
Durante la primera etapa (cuando entra en vigor la nueva Ley de Entidades Paraestatales) el Estado mexicano liquidó 255 empresas y vendió aproximadamente unas 155. Las más resaltantes son Nacional Financiera (Nafinsa) y Somex, ambas instituciones financieras que reservaban para sí el corretaje accionario de las empresas públicas de México. Luego de concretada la privatización, el Grupo Inverméxico (comprador) revendería 12 años más tarde las acciones mayoritarias del banco al Grupo Santander de España.
Pero esto sólo fue el inicio. Hoy por hoy BBVA, Santander y CitiBank controlan el sistema financiero mexicano en su totalidad. Proceso que fue acelerado luego del «efecto tequila» (crisis bancaria del año 94) que sustentó la anexión de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Otras empresas estatales del ramo industrial, petrolero y de procesamiento de otras materias primas no se salvarían de esta primera etapa. Dirona, Dicona, Forjamex, Sosa Texcoco y Tereftalatos mexicanos serían vendidas por el precio de 106 millones de dólares al capital extranjero.
Segunda etapa
Con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, México firma con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se inicia la segunda etapa reduciendo la presión fiscal sobre las empresas norteamericanas en territorio mexicano, eliminando hasta la más mínima barrera arancelaria, supresión de los controles financieros y el aumento de las importaciones.
Se privatizaron empresas estratégicas como Altos Hornos, S.A.; Fundidora Monterrey, S.A y Siderúrgica Lázaro Cárdenas por el orden de los 755 millones de dólares. El monopolio siderúrgico norteamericano, Mittal Steel, fue la única en cantar bingo en el casino de la privatización mexicana. Hoy controla el sector siderúrgico en su totalidad.
La empresa Teléfonos de México (Telmex) fue vendida por 2 mil millones de dólares a la empresa norteamericana de comunicaciones AT&T. El Grupo Carso (Carlos Slim) y la empresa francesa France Cable Et Radio también lograron raspar la olla adquiriendo un importante valor accionario de la principal empresa de telecomunicaciones del país. Compraron muy por debajo de su valor a la Cantv de México.
Escuche a uno de los verdugos del Estado mexicano (Carlos Salinas de Gortari) narrando con alegría cómo le propinió el desguase económico:
Tercera etapa
Esta tercera etapa trascurre entre el gobierno de Ernesto Zedillo y el de Vicente Fox. Cuadros financieros encomendados a completar la tarea de sus predecesores: finalizar la demolición controlada del Estado mexicano.
Las transnacionales norteamericanas del ramo ferroviario, Genesee & Wyoming y Kansas Southern, compraron la empresa estatal Ferrocarriles Nacionales por un precio de 2 mil millones de dólares. 10 mil trabajadores fueron despedidos luego de la privatización bajo el supuesto neoliberal de hacer «más eficaz» la administración de la empresa. Los puertos Lázaro Cárdenas y Tampico también pasaron a manos privadas, fortificando la anexión hacia Estados Unidos vía ferroviaria por donde transitan al matadero económico gringo miles y miles de inmigrantes mexicanos.
La principal empresa de fertilizantes mexicanos, Fertimex, fue vendida por un precio de 307 millones de dólares al capital extranjero.
Los 33 principales ingenios azucareros fueron vendidos por 255 millones de dólares.
35 aeropuertos fueron privatizados. 450 millones de dólares fue el precio de venta siendo mucho menor a la rentabilidad anual que transferían al Estado. Aproximadamente unos mil millones de dólares anuales.
Compañía Mexicana de Aviación y Aeronaves fueron vendidas por el orden de los 300 millones de dólares a los gestores de Citigroup en México.
Pemex
Durante el gobierno de Vicente Fox, a Pemex se le fue aplicando una especie de «privatización periférica». Pero no se le aplicó a Pemex como brazo industrial petrolero nada más, sino como sostén de la industria química, petroquímica y eléctrica del país. Se le fueron quebrando las arterias poco a poco hasta llegar al infarto: la privatización de la industria petrolera (el sector energético en su totalidad) el 12 de diciembre del año 2013 bajo la magistratura de Enrique Peña Nieto.
Felipe Calderón fue Secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox. Ya en el año 2005, luego de años y años de fuerte endeudamiento petrolero, Pemex tuvo que «asociarse estratégicamente» con las principales transnacionales foráneas del ramo con el objetivo de ir privatizando pozos y centros de refinación. Empresas tales como Royal Dutch-Shell, Total, Repsol, Sempra Energy, Chevron-Texaco y Lewis Energy Texas no sólo se fueron apropiando de importantes pozos petroleros sino que, también, se hicieron con parte importante de la transformación, distribución y comercialización de la materia prima y su inserción en el sector intermedio de la economía: le entrega total y absoluta de la industria química, petroquímica y refinadora del Estado mexicano al capital transnacional.
Peña Nieto lo que hizo fue darle carácter legal con un plumazo.
Ya con el gobierno de Felipe Calderón, el sector eléctrico no escaparía de las privatizaciones. Repsol, a partir del proceso de licitaciones abierto en el año 2007, controla el 70% de la distribución de la energía eléctrica doméstica e industrial.
El desmontaje del Estado mexicano es un plan (gringo) que está consolidándose a velocidades supersónicas.
Privatización del agua
Según el diputado Gerardo Gaudiano, la Ley de Aguas no sólo pretende quitarle al recurso natural su sentido social y nacional, también plantea que los grandes recursos hídricos del país se pongan a la disposición de las principales transnacionales petroleras para llevar a cabo los proyectos de fracking en territorio mexicano y estadounidense.
La Ley de Aguas plantea la consolidación de un régimen de concesiones en el cual los principales beneficiarios serán los grandes monopolios nacionales y extranjeros. El objetivo primario de esta legislación es transportar ingentes cantidades de agua desde México hacia Estados Unidos, disminuyendo colateralmente la media mundial de abastecimiento de agua diario para la población: 100 litros.
Otro detalle que no se debe perder de vista está relacionado con el lobby realizado entre la empresa estatal israelí Mekorot y el titular de la Comisión Nacional de Aguas, David Korenfeld Federman, para diseñar los esquemas organizativos de supeditación y extranjerización de los recursos hídricos de México a las directrices de Israel. Una empresa pública foránea se encargará del proceso de privatización de otra.
El fin del Estado
Todo este proceso de apertura económica supone la consolidación del ansiado principio neoliberal: la desaparición del Estado-nación. Pero más allá de la imposibilidad técnica y jurídica que ostenta México para decidir sobre los aspectos económicos estratégicos, las privatizaciones son, hoy por hoy, la desastrosa representación del fin de la política en el país centroamericano.
La nación fue desvalijada rápidamente. Tanto así que el poder ejecutivo no puede (ni tiene intenciones) de subir salarios de acuerdo a la inflación, tampoco puede aumentar impuestos dirigidos a pechar las exorbitantes ganancias de las transnacionales, tampoco puede financiar proyectos de inversión social ni subsidiar bienes de consumo básico, no puede construir escuelas, hospitales ni nada que se le parezca.
Cualquier inversión o política dirigida hacia la sociedad pasa por el filtro transnacional y privado, donde los grandes carteles económicos (nacionales y extranjeros) ponen el precio que se les antoje. En México más de la mitad de la población (sobre)vive en situación de pobreza.
Como decíamos al principio, el desmontaje del Estado mexicano es un plan (gringo) que está consolidándose a velocidades supersónicas. Porque si el argumento de las privatizaciones era salvar a México de la deuda externa, vea en la siguiente infografía cómo décadas después el monto supera con creces la publicitada crisis inicial en los 80.
Durante este periplo la nación mexicana ha sido despojada de cualquier activo económico, eliminando las posibilidades de apalancar una direccionaidad económica propia. La política económica, en este sentido, no está condicionada por actores concretos en el Estado sino por las manipulaciones económicas, financieras y energéticas orquestadas desde Estados Unidos. El destino y el futuro de México lo determinan las grandes corporaciones transnacionales: dato político del proceso de privatizaciones.
Es el fin de la política porque ninguna fuerza social (con aspiraciones o ya enquistada en el poder) tiene la capacidad de decidir sobre ningún asunto económico, fiscal o financiero. Su actividad simplemente se reduce a ser gestores de la demagogia y de la represión tercerizada y dirigida por el narco mexicano.
Hoy en día la fragilidad política y estatal de México no es un daño colateral: forma parte del mismo plan de convertir a ese país en un «Estado fallido», pues lo que sucederá en México lo están decidiendo las élites políticas y económicas al otro lado del charco.
TV Mundus 